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Manuel Prado o el valido

Reproducimos este artículo de Jesús Cacho Editor del periódico digital,  El Confidencial., porque nos parece interesante, valiente y esclarecedor para los ciudadanos libres

Manuel Prado o el valido

Prado y Colón de Carvajal,  fallecido,  Juan Carlos,  monarquía

@Jesús Cacho - 06/12/2009

 

 

La vida y fortuna de Manuel Prado y Colón de Carvajal, fallecido ayer en su casa de Sevilla a los 78 años de edad, dio un salto adelante con motivo de la invasión de Kuwait por Sadam Husein, lo que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a las tropas iraquíes del emirato y volver a instalar a la familia Al Sabah en el trono. Solo al final de la guerra se supo que, además de los pozos de petróleo, habían ardido algo así como 55.000 millones de pesetas de la época que la Kuwait Investment Office (KIO) mantenía en las cuentas de su filial española, el Grupo Torras. Ocurrió que una buena parte de aquella suma se utilizó para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato, en concreto para permitir que los aviones de la USAF pudieran utilizar las bases españolas para repostar en sus viajes al Medio Oriente. Al menos esa fue la excusa que los trincones de turno pusieron para sacarle los dineros a KIO.

La nueva rama de los Al Sabah que tras la retirada iraquí se instaló en el emirato pronto se dio cuenta del timo y procedió a querellarse en Londres y Madrid contra el presidente de KIO, Fahad Mohamed Al Sabah, miembro de la familia reinante, contra su primer ejecutivo, Fouad Khaled Jaffar, y contra el presidente de Torras en España, Javier de la Rosa, quien, en declaración jurada ante la Corte de Londres, reconoció haber entregado a Manuel Prado hasta 160 millones de dólares, de los que el aludido reconoció en sede judicial haber recibido 100 –en dos entregas de 80 y 20-, algo así como 15.000 millones de pesetas de la época, recepción que justificó como “el pago de dictámenes y trabajos de asesoría por él realizados para De la Rosa”. Testigo del episodio en las alturas fue Sabino Fernández Campo, el ex jefe de la Casa del Rey recientemente fallecido, a quien un día el Rey Juan Carlos I pidió que acudiera al piso que De la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un hermoso penthouse en el 47 del Paseo de la Castellana, para que transmitiera al catalán el siguiente escueto mensaje:

-Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número de la Castellana y le vas a decir que, de parte del Rey, todo está arreglado y que muchas gracias.

-Pero bueno –quiso saber Sabino, despistado- ¿no hay que decir de qué se trata?

-No, nada. Tú limítate a transmitirle lo que te he dicho.

Dicho y hecho. Fernández Campo cumplió su misión, certificando que el dinero había llegado a su destino. La gente más enterada de entre el madrileñeo nuestro de cada día se las prometía felices maquinando cómo se las iban a ingeniar los tribunales de Justicia para hacer como que juzgaban sin que saliera a relucir la figura que bajo ningún concepto podía salir a la palestra. ¡Ingenuos! Tras años de dilaciones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez Bermúdez, condenó en junio de 2006 a Javier de la Rosa a cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental en las operaciones Pincinco (300 millones de dólares que volaron durante la Guerra del Golfo, incluidos 80 de los 100 pagados a Prado) y Oakthorn (préstamo de 105 millones). Por los mismos delitos fue también condenado a tres años y ocho meses el abogado de Torras, Juan José Folchi; a un año y seis meses el ex consejero delegado, Jorge Núñez, y a otro año por apropiación indebida el ya citado Manuel Prado, nacido en Quito y con residencia en Suiza, pasaporte diplomático e intendente real, cargo que tradicionalmente designa a la persona encargada de manejar los dineros privados del Rey.

La Audiencia Nacional lo consideró culpable de un delito de apropiación indebida como receptor de un pago de 11,4 millones de euros

Todos los condenados plantearon recurso de casación ante el Supremo, cuya Sala de lo Penal dio a conocer su fallo en septiembre de 2007, ampliando la condena para De la Rosa -siete años de prisión- y Núñez –cinco años-, mientras confirmó las de Folchi, y el añito a Manolo Prado. Siete años para el dante y uno para el tomante. Prado no ingresaría en la cárcel esta vez. Lo había hecho ya en abril de 2004, la de Sevilla, para cumplir dos años de prisión por su implicación en la llamada operación Wardbase, primera pieza separada del gran árbol del escándalo  KIO. La Audiencia Nacional lo consideró culpable de un delito de apropiación indebida como receptor de un pago de 11,4 millones de euros (1.900 millones de pesetas) procedentes de Torras. Dos meses después se le concedió el segundo grado por razones humanitarias. En febrero de 2008 fue de nuevo condenado por la Audiencia Nacional a tres meses de prisión por apropiación indebida en la descapitalización de Grand Tibidabo.

Hombre de confianza de Juan Carlos I

Para entonces Manuel Prado era ya un juguete roto, obligado a vivir en la clandestinidad desde el punto de vista social y a entrar en Palacio casi a hurtadillas. Personaje clave en los últimos 50 años de Historia de España, sin el cual no se pueden entender muchas de las cosas ocurridas y que siguen ocurriendo –tal que la corrupción galopante en que ha derivado el Sistema-, su vida cambió el día en que, a mediados de los sesenta, conoció al entonces Príncipe Juan Carlos. Hijo de un chileno, Julio Prado, que tuvo también problemas con la Justicia y acabó de relaciones públicas de José Banús en la Costa del Sol, Prado fue el hombre providencial que se iba a encargar de rescatar al Príncipe de la mediocridad de aquellos aristócratas que le acompañaron en sus primeros años en España. De la mano de Prado, don Juanito, como le llamaban compañeros y profesores en Las Jarillas, abandonó a sus amigos de juventud –excepto a Jaime Carvajal y Urquijo, al que, entre otras cosas, haría presidente de Ford en España-, gente con mucho pedigrí y poco dinero, propietarios de fincas que al culto a la madre tierra unían un elegante desdén por el vil metal.  

31 de octubre de 1975. El Príncipe preside un Consejo de Ministros en La Zarzuela, con el problema del Sahara Occidental como cuestión prioritaria. Al lado de Arias Navarro toma asiento como invitado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Fernández Vallespín. Don Juan Carlos manifiesta su determinación de ponerse al frente de los acontecimientos. Sin embargo, nada dice a los reunidos que él ya ha enviado a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Washington, para solicitar la ayuda de Henry Kissinger, consciente como es de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo acaecido en Portugal y que podría perder su corona antes de ceñirla. Como enviado del futuro Rey, Prado viajó también a Casablanca y al francés Palacio del Eliseo para sumar apoyos exteriores a la joven democracia española. 

Asentado Juan Carlos en la cúpula de la monarquía parlamentaria surgida a la muerte de Franco, Manuel Prado se iba a dedicar en cuerpo y alma a cuidar la fortuna del Rey

Asentado Juan Carlos en la cúpula de la monarquía parlamentaria surgida a la muerte de Franco, Manuel Prado se iba a dedicar en cuerpo y alma a cuidar la fortuna del Rey, dispuesto el Monarca a abandonar para siempre su complejo de pobre, a olvidar las apreturas que de niño vivió en Estoril y después experimentó en sus años de juventud bajo la tutela de Franco. ¡Juro por Dios que nunca volveré a ser pobre! Tamaña determinación haría al entonces presidente Felipe González exclamar un día ante Sabino Fernández Campo, mientras esperaba en la antecámara para ser recibido por el Rey en uno de sus habituales despachos: “¡Y dile a Manolo que se conforme con el 2%, porque cobrar el 20% es una barbaridad...! Aludía el sevillano a las supuestas comisiones del petróleo importado por España de algún país árabe. Mucho antes, finales de 1973, el joven Príncipe había dirigido una cariñosa carta a Henry Ford II, presidente de la multinacional del automóvil del mismo nombre, recomendando encarecidamente a su amigo Manuel Prado como la persona idónea para facilitar los trámites legales necesarios para que la Ford se estableciera en Almusafes. 

Un hombre que se mantuvo fiel al Monarca

Prado acabaría convertido en el valido, el nuevo Godoy por cuyas compuertas han pasado casi todos los secretos de La Zarzuela. Provisto de un pasaporte diplomático y con esa palabra impresa en su tarjeta de visita (cosa que enfadaba mucho a los profesionales del cuerpo, porque nunca fue de la carrera) Manolo Pardo atravesaba fronteras libre como el viento. Le perdió la avaricia, como a tantos otros protagonistas de la Historia, eso que Hobbes denominó “un perpetuo e insaciable deseo de poder y dinero, que cesa solo con la muerte”. La avaricia y la sensación de impunidad. Su momento más duro, con todo, llegó con el juicio de la operación Pincinco. Ahí estuvo a punto de venirse abajo. Faltó el canto de un duro. Bien pudo el Monarca hacer suya aquella frase del presidente Harding: “Puedo hacer frente muy bien a mis enemigos. Pero mis condenados amigos, mis malditos amigos, son los que me quitan el sueño”. Prado aguantó, sin embargo, con una reserva de estoicismo y de fidelidad que nunca será apreciada en toda su importancia por quien corresponde. Un hombre que se mantuvo leal, y que, con el misterioso libro editado por el ex ministro Pimentel bajo siete llaves, se ha ido con sus secretos a la tumba. ¿O no?

Desaparecidos Sabino y Prado, ya solo queda Paco Sitges, ex presidente de los astilleros Mefasa, y, en menor medida, Mario Conde, como testigos de algunos de los episodios más llamativos, por ignorados, de la historia reciente de este país. No es cierto, sin embargo, que en los últimos años el Monarca borrara a Prado de sus afectos y le diera la espalda. En primer lugar porque eso no hubiera sido posible: al valido no le representa un cargo, sino una condición de la que no es posible abdicar. Del papel de Godoy nadie puede cesar, dimitir o ser expulsado.  Hasta hace poco más de un año, el “intendente” seguía teniendo despacho en Zarzuela. No podía ser de otro modo. Prado se había convertido en el retrato de Dorian Gray del Rey de España, cuya vida y reinado no pueden entenderse sin la de Manuel Prado y viceversa. Como afirma Lord Henry Wotton, uno de los protagonistas de la obra de Wilde, “lo único que vale la pena en la vida es la satisfacción de los sentidos”. Sus últimos años, con todo, fueron duros. Sufrió por su amigo, Juan Carlos de Borbón. Descanse en paz.

Papa ¿Qué me aconsejas que estudie? !!Para político, hijo, para político!!

Un amigo nos remite esta información a la que damos publicidad. !! cuantas más cosas conozcas, más amplia será tu libertad, intelectual!!

Unpaís tiene los políticos que se merece...

 

PERO ES TODO POR EL PUEBLO. 

El periodista Daniel Montero abre una realidad preocupante. En su libro La Casta. El increíble chollo de ser político en España,  Montero lanza cortantes preguntas ¿Qué futuro tiene un país donde las casi 80.000 personas que forman la clase política están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios?.  Hay que subir los impuestos para que ellos no pierdan su tren de vida. Tampoco hay que generalizar, políticos honestos quedan, pero por desgracia cada vez son menos. Estos son algunos temas que podrá encontrar en el libro. AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo denegaron pero le salió rentable. Aznar renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero de Estado. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas]. ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al menos no se han hecho públicos. AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para viajes. BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra 13.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar «gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función». BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella se blindó con un sueldo europeo para toda la vida. CALDERA, JESÚS: el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando era ministro subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobrará en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados. CARGOS: hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún miembro de La Casta por incumplir el Código del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo. COCHES: el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234 coches oficiales. CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros por ser ministro más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está prohibido por ley. DESPILFARRO: el Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 euros. DEUDAS: cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los ayuntamientos. DESCONTROL: es tal en la administración de fondos públicos que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado. DIETAS: los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país. ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido]. FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 fundaciones distintas: 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece las más activa: es miembro del patronato de seis fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político. GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados. Con ese dinero se podrían mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año. HACIENDA: la retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 4,5%. HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores. Realizaron 870.182 kilómetros , unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos particulares es una práctica tan común como soterrada. IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex lehendakari del Gobierno vasco recibe unos 45.000 euros al año, la mitad de lo que ingresaba cuando era presidente. Y lo cobrará de por vida, igual que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima del límite legal para el resto de los españoles, que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales, por mucho que hayan cotizado toda su vida. IMPUESTOS: un ciudadano, por ejemplo, de Madrid sustenta con sus impuestos el salario de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea madrileña, 264 senadores, 350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo. En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros. Y sin contar los puestos de confianza que arrastra cada uno. JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales. [Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la jubilación máxima de 32.000 euros al año]. MARISCADAS: no hay límite legal para las comidas de representación de los políticos españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava. Ejemplo descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida. MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. El ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios que pagó figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas eróticas. MULTAS: ¿sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las paga con recargo? MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalógamas. Las mismas entidades que ese año de crisis embargó las casas a 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los partidos de La Casta deben a los bancos 144,8 millones de euros. NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias. Algunos, como el diputado del PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12 actividades extraparlamentarias. NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta , que llenarían un estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes. OCULTISMO: no hay datos oficiales sobre el número de políticos que cobran del Estado. El alcalde de Barcelona -el mejor pagado del país- tiene un salario de 177.398 euros brutos anuales. Más que un ministro, que se lleva a casa 74.000 al año. PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora. PLÁTANO CANARIO: 60 diputados, todos ellos de la comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, pidieron en abril irse a La Palma. Objetivo : estudiar el cultivo del plátano. Tal y como suena. Con toda naturalidad, haciendo caso omiso a la crisis. Si la obscena petición prospera, sus señorías se habrían embolsado 24.000 euros en dietas por cuatro días. PUJOL, JORDI: cobrará 76.800 euros al año como ex presidente de Cataluña hasta 2014. Y después una pensión de 57.600 euros durante el resto de su vida. [El ex ministro socialista Javier Solana podría cobrar al menos tres pensiones vitalicias]. PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera. PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en prostitutos y bares de ambiente. En Estepona, varios miembros municipales están siendo investigados por cobrar 42.000 euros a una red investigada por la Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En 2002, el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue condenado a seis meses de prisión por abonar la factura de un local de alterne, al que acudió con siete comensales. RAJOY, MARIANO: se embolsa cada mes 8.996 euros (sin contar otros complementos): 3.126 por ser diputado, 870 para alojamiento (más que el salario mínimo) y 5.000 como presidente del PP. Con lo que gana en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio. REGALOS: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más. SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de Economía se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex ministro). A Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español. SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden saber de las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el fraude. SIN LÍMITES: cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota. TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso regala a los que no disponen de coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi por Madrid. VACACIONES: Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus vacaciones a las arcas públicas. Con él van más de 100 personas (escoltas, guardias civiles, asesores…). Cobran una media de 80 euros de dieta diaria, 8.000 euros por jornada sólo por este concepto. Si pasa tres semanas en Lanzarote, le cuesta al Estado 160.000 euros en dietas. A eso hay que sumar avión, desplazamientos, gasolina, manutención… Al final, 200.000 euros en vacaciones.

El superdotado ¿Nace o se hace? Yo, creo que "surge" al pairo de una buen coyuntura

Cada día que pasa queda más patente, que un  buen número de personajes/illos que arriban a la política, lo hacen para “medrar”  y enriquecerse. Llegan desarrapados y una vez “toman” el poder renumerado y la tarjeta visa oro, comienzan un brusco y acelerado cambió, que comienza por su aspecto físico- engordan, los que no lo hacen es que su procedencia ya les permitía comer bien, y, por tanto, menos abundante y mejor calidad- así como también su aspecto aparente- visten bien y variado, lucen buen corte de pelo y barba arreglada-. Después de esta fase inicial, comienza el “negoci”, que consisten en labrarse un pequeño patrimonio- me decía a mi un concejal gallego ejerciendo de edil de cultura en otra autonomía con lengua propia-.Ese cargo, le permitía asociarse a otros concejales nativos y desarrollar una empresa dedicada a implantar casas para la tercera edad a lo largo y ancho de aquel “país”.  

 

Mi amigo, no alcanzó el nivel de otros emigrantes, pero, créanme, no perdió el tiempo. Dejó su pequeña empresa, de la que era propietario, que le permitía un aceptable nivel de vida, y se dedicó en cuerpo y alma a la política y sus derivados negocios. Hoy, sus negocios, hallados en la arena política, ya alcanzan regiones que distan más de mil kilómetros de la que él es político ejerciente. Por supuesto, que no dispone de departamento de Marketing ¡! Ni puñetera falta que le hace!!, entre colegas, incluso de partidos antagonistas, funciona aquello de ¡! Hoy por ti, mañana por mi!!

 

Esto que finalizo de escribir, lo hice a modo de prólogo de esta información que me pasa, otro amigo, para que la reproduzca en este blog. Lo hago y además con satisfación, por aquello de si puede valer para abrir algún qui otro ojo.

 

 

 

Adivina, adivinanza: ¿Qué Ilustre Dama ocupa todos estos bien pagados cargos? 

 

- Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
- 1ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sant Just Desvern.
- Presidenta de PROMUSA. Ojito: PROMUSA es una de las empresas relacionadas con la trama del caso PRETORIA...
- Presidenta de PROECSA.
- Gerente del Consorcio de la Colonia Güell.
- Consejera del Consorcio del Parc Agrari del Baix Llobregat de la Diputación de Barcelona.
- Consejera de Fomento de Ciutat Vella de la Diputación de Barcelona.
- Consejera del Tunel del Cadí, Concesionaria S.A.
- Consejera de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.  
- Delegada del Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputación de Barcelona.
- Consejera de La Caixa.
- Consejera del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
- Vocal del Consorcio Sanitario Integral.
- Vocal de la Fundació Caviga.
- Consejera del Area de Salut del Area Metropolitana de Barcelona


¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Nooooo...

 

 

Es la Srª Bonancia ¿Y quién es esta Srª Bonancia que ostenta tantos cargos públicos y no públicos? Pues la Srª Bonancia es nada más y nada menos que la esposa del Molt Honorable President de la Generalitat, D. José Montilla Aguilera.

Y hasta aquí puedo leer.

 

 

Entonces, los métodos tenían como objetivo aprender más, ahora estudiar menos, decía días pasados la concejal de Educación y Normalización lingüistica de Foz

Un amigo nos envía este escrito, que considero útil el transcribirlo en este blog, por su brillantez y claridad meridiana.

 

 

CONTRA LA TONTUNA LINGÜÍSTICA , UN POCO DE GRAMÁTICA BIEN EXPLICADA
 
 
 Yo no soy víctima de la LOGSE. Tengo >48 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de  la propaganda política. En párvulos (así se llamaba entonces lo que hoy es "pre-escolar", mire usted) empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de "araña", la E de "elefante", la I de "iglesia" (sí, sí, de IGLESIA, ¿qué pasa? ¿se va a molestar algún árabe?),  la O de "ojo" y la U de "uña". Luego, cuando eras un poco más mayor, llegaba "El Parvulito", un librito con poco más de 100 páginas y un montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen texto. Eso sí, en el Parvulito, no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos cuadernos.
 
 En EGB estudiábamos Lengua Española, Matemáticas (las llamábamos "tracas"  o  "matracas") Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Plástica (dibujo y trabajos manuales), Religión (¡!) y Educación Física. En 8º de EGB, si en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de "b en vez de v" o cinco faltas de acentos, te suspendían.
 
 En BUP, aunque yo era de Ciencias, estudié Historia de España (en 1º),  Latín y Literatura (en 2º) y Filosofía (en 3º y en COU). Todavía me acuerdo de las declinaciones (la 1ª.: rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa en el  singular; -ae, -ae, -as, -arum, -is, -is, en el plural; la segunda; -us, -e, -um, -i, -o, -o, en el singular; -i, -i -os, -orum, -is, -is, en el plural; no sigo que os aburro), de los verbos (poto, potas, potare, potabi,  potatum, el verbo beber), de algunas traducciones ("lupus et agni in fluvi ripa aqua potaban; superior erat lupus longeque agni": el lobo y el cordero bebían agua en el río; el lobo estaba arriba, lejos del cordero; "mihi amiticia cum domino erat": yo era amigo del señor). Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí las "Coplas a la Muerte de su Padre" de Jorge Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda...
 
 Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura. Aprendí que se dice "Presidente" y no Presidenta, aunque sea una mujer la que desempeñe el  cargo.
 Y... vamos con la Gramática.
 
 En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es "atacante"; el de salir es "saliente"; el de cantar es "cantante" y el de existir, "existente".
 ¿Cuál es el del verbo ser? Es "el ente", que significa "el que tiene entidad", en definitiva "el que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la  persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación "-nte".
 
 Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independiente-mente del género (masculino o femenino) del que realiza la  acción.
 
 De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no "estudianta"; se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; "dirigente", no "dirigenta"; "residente", o "residenta”
 
 Y ahora, la pregunta del millón: nuestros políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres, que los hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos"), ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española ? Creo que por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores).
 
 Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los  firmantes eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el  pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el  turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el  periodisto, el violinisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto!
 

 

 

La Federación Lucense de AAVV comunica

Hemos recibido, de la AV del Barrio de Forxan, Asociación Federada,este comunicado rogándonos su divulgación en este Blog. Cumplimos su deseo con satisfación

lunes 2 de noviembre de 2009

A Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, reclama o cumplimento da Ley de Dependencia, outras melloras e previsións para a terceira idade

COMUNICADO DE PRENSA:

Dende a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, ponse de manifesto que o Servizo de Dependencia desta provincia deberia dar resposta a situacións básicas no que a Dependencia se refire como son:

1.- Non se están a cumplir os prazos que segundo o Decreto 176/2007 de 6 de setembro, polo que se segula o procedemento para o recoñecemento de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para autonomía e atención á dependencia na Cominidade Autonoma de Galicia, que serían de seis meses para obter a Resolución de Grado e Nivel e outros seis para obter a Resolución da prestación ou servizo (PIA) que lle corresponde. Neste momento hai persoas que solicitaron en novembro de 2007, que ainda que tendo a Resolución de Grao e Nivel, non teñen a de PIA, polo conseguinte non teñen constancia de cando vai ser efectivo a prestación ou servizo que lles corresponde.

Que no Decreto que pronto vai a sair, que se teña en conta a reducción dos plazos,

2. No que respeta a servizos: Residencias, centros de día e de noite, etc. Non se está a cumplir o prometido con maior número de prazas:

1. Non se respeta as prazas en Centros de día nas poboacións con maior número de habitantes (urbanas), hay bastantes listas de espera , en cambio en poboacións de zona rural hai centros con plazas libres.

2. Centros de Noite: non temos coñecemento que neste momento exista ningún centro na provincia destas caracteristicas.

3. As persoas solicitantes de valoración que falecen durante o proceso non están a recibir ningún atraso a non ser que no momento de resolución teñan a Resolución de PIA coa coantía económica que van a recibir. Nós creemos que a comunidade de herdeiros debería de percibir igualmente os atrasos dende a data de solicitude ata o momento do falecemento, tanto no referente a prestación de libranza vinculada a coidados no entorno familiar, como a libranza vinculada a un servizo (axuda a domicilio, residencia, centro de día ...)

Para todos e moi importante que as familias dos enfermos falecidos durante o proceso de tramitación, reciban as prestacións con caracter retroactivo.

E por suposto que se resolvan XÁ, as prestacións económicas como as asistenciais.

Esta claro que a lei de Dependencia esta atascada dende os seus comenzos, xa que resulta inadmisible que unha lei dende que se fai a solicitude e o seu rexistro correspondente ata valoración, que teña que transcurrir tanto temmpo e por riba éste non se cumpla. E unha vez pasados ano e medio ou dous anos, o normal que o enfermo grave xa non necesite ningún coidado e o menos grave neste tempo xa está moito mais grave, e que decir dos enfermos mentais.... polo tanto non sirven de nada os procesos realizados, perda de tempo para o enfermo, para o coidador/a e por suposto tamén para a Administración.

Propón tamén a Federación de Asociacións de Veciños da provincia de Lugo, que unha vez que se faga o traslado do Hospital Xeral para o novo, que os terreos donde agora esta, que son propieda da Tesoreria da Seguridade Social, que sigan contando para un Centro Socio-Sanitario, cunhas grandes instalacións que por suposto beneficiaria a Lugo e mais toda a provicia e que pdería ser: A GRAN RESIDENCIA PARA MAIORES, CENTRO DE DÍA , CENTRO DE NOITE, ESTANCIAS TEMPORAIS E UN CENTRO DE SAUDE para esta zona de Lugo.

Ahí habría unha unión perfecta entre SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS, este sí sería un "BO SERVIZO DE BENESTAR"

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Etiquetas: Federación de Asociacións de Veciños da provincia de Lugo e lei de Dependencia

 

Campanas por la gripe A

Días atrás, tuve conocimiento de un video grabado por una doctora en salud pública, en estos momentos monja en Montserrat de Barcelona, la cual hace una exposición, bajo la forma de una reflexión, acerca de la problemática que presenta el asunto gripe A.

 

Paralelamente, había recibido noticias de pacientes que están frecuentando los centros de atención sanitaria, hospitales y centros de salud, en el sentido de que un importante número de médicos afirman que éllos no se vacunarán, aunque han sído declarados población  en riesgo, y, consecuentemente deberían hacerlo

 

Hoy mismo, corresponsales de prensa y radio en Alemania, anunciaron que en aquel país existe un problema de órdago, a este respecto, hablándose, incluso, de la posibilidad de rebelión cívica. ¿Por qué?:

 

        1º.-Se ha conocido que allí a los médicos se les inyectará una vacuna especial, cuyos efectos inmunológicos serían menores, pero también los efectos secundarios

 

        2º.-Al conocer la existencia de dos tipos de vacunas, al menos, la población y algunos colectivos de técnicos, se han mostrado alarmados, por el hecho en sí, y porque no fuera conocido antes.

 

        3º.-Se ha reconocido públicamente, que la vacuna contra la gripe A, contiene un coadyuvante destinado a incrementar la reacción inmunológica natural de la propia vacuna, 10 veces. Parece ser, que este producto nunca se había utilizado, antes, en vacunas

 

        4º.-En Alemania, y parece que también en otros países como UUEE, los laboratorios fabricantes de la vacuna, han exigido de los estados correspondientes inmunidad penal y civil frente a posibles problemas derivados de la vacunación. Esta inmunidad la basan, oficialmente, en que se les ha exigido presentar esta vacuna con un tiempo record, lo que potencialmente pudo menoscabar la conclusión de algunos  estudios del comportamiento en aras de conocer los posibles efectos secundarios predeterminables

 

Bueno, con todo esto sobre la mesa, es muy aconsejable escuchar el video de la Drª Forcadas, el cual podrán hallar en la dirección siguiente: http://WWW.vimeo.com/6790193  y bajo el título de Campanas por la gripe A.

 

Les advierto que la duración de la reproducción es de 54 minutos, pero creo que vale la pena

 

 

 

 

La gran oreja del gobierno de España

 

Desde hace algunos meses, se viene hablando de potenciales escuchas ilegales por parte de alguna de las administraciones del Estado. La última noticia al respecto, relata como un presidiario y su abogado fueron “escuchados, oídos y grabadas sus confidencias”, lo que, a tenor de la opinión de juristas, solo está previsto en nuestro ordenamiento jurídico para un caso, y este es el de que se prevea que el abogado está implicado en delitos de terrorismo al igual que su defendido.

 

Por ser, pues,  un tema recurrente en la actualidad, decidimos recoger el artículo que sigue, publicado en Noticias Jurídicas y del que es autor el abogado D. Guillermo Díaz Bermejo.

 

 

Artículos Doctrinales: Derecho Informático

	SITEL. La gran oreja del Gobierno no tiene suficientes garantias jurídicas

De: Guillermo Díaz Bermejo
Fecha: Octubre 2009
Origen: Noticias Jurídicas

SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones) es un avanzado sistema informático desarrollado por la multinacional Ericsson, que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tengan lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Los orígenes de este sistema informático se sitúan en el año 2001 cuando el gobierno de Aznar inició el proyecto. En el año 2002, mediante un concurso secreto, adjudicado a Ericsson, se decide invertir 2300 millones hasta 2003, para luchar contra la utilización de telecomunicaciones por parte de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, terrorismo y otras formas de crimen organizado. El proyecto pretendía, mediante reformas legales y soluciones tecnológicas, dar respuesta a la necesidad de interceptación de las comunicaciones.

Con el sofisticado software desarrollado, los Agentes podían pinchar directamente los teléfonos sin tener que contar con las operadoras telefónicas y podían tener acceso tanto a las conversaciones como a la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde están hablando, el operador telefónico e incluso el contrato de servicio suscrito con ese operador. Y todo eso en tiempo real. El software se implantaría en las operadores de telecomunicaciones y de ahí se dirigiría la información a los centros de interceptación de las comunicaciones dependientes del Ministerio del Interior y del CSI que a su vez los distribuirían a la red SITEL.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno del Partido Popular, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal.

Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia de modo eficaz. Lo que se discutía era que el sistema afectaba a derechos constitucionales de los ciudadanos y que no había establecido un control judicial eficaz. El problema en definitiva era que no había desarrollado un adecuado sistema de garantías jurídicas.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entiende que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año que es cuando, según parece, entra oficialmente en servicio.

En el año 2005 el Secretario de Estado de Seguridad hablaba de SITEL y decía que “aunque es obvio que la tecnología no tiene soluciones mágicas y definitivas para nuestras necesidades, sí ofrece instrumentos esenciales para reforzar las prácticas policiales y optimizar sus metodologías detrabajo”.
En ese momento el PSOE era conocedor de los informes negativos que existían, y por ello decide enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico y encarga el desarrollo legal al Ministerio de Industria que, utilizando el texto abandonado por el Gobierno de Aznar, lo introduce sibilinamente en el Capítulo II, Título 5º del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones de 15.4.2005.). Se decidió ignorar los problemas jurídicos que generaba la privacidad y la conservación de datos personales.

Es aquí donde empiezan a surgir las dudas y preocupaciones en la Administración de Justicia, ya que con los grandes avances tecnológicos, crecían las amenazas a los derechos civiles y a las libertades políticas provenientes del uso inadecuado de las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, en Junio de 2006, la Fiscalía de Madrid eleva un informe al Fiscal General del Estado, advirtiendo que SITEL estaba siendo utilizado sin cobertura jurídica adecuada y que el Reglamento de 2005 no tenía rango suficiente para dar garantías constitucionales, puesto que, conforme a la Constitución, este debería de ser regulado mediante Ley Orgánica.

En Octubre de 2007 aparece la Ley 25/2007 de conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. En su Disposición Final primera da nueva redacción al artículo 33 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, y en esencia, incorpora el Capítulo II del Reglamento, elevando, por así decirlo, el rango de buena parte de su contenido material. Con ello desaparece el déficit de cobertura legal que tenía el Reglamento. Desde este momento se puede decir que con esta Ley, en gran medida, queda introducido el control del ciudadano por parte del Estado.

La Ley Orgánica 2/2002, reguladora del control judicial del CNI en su artículo único sí somete a la autorización judicial la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Pero, por el contrario, el Reglamento General de Telecomunicaciones, y la Ley 25/2007 dejan a medio camino la necesidad de esta previa autorización judicial.

El Tribunal Supremo, resolviendo un recurso formulado por la Asociación de Internautas contra el Reglamento en cuestión, dicta la sentencia de fecha 5 de Febrero de 2008, en la que argumenta que cualquier afectado puede recurrir al Tribunal Constitucional, pero en cambio no decidió plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Recoge la sentencia que el Reglamento recurrido era insuficiente, pero que antes de dictar la sentencia, el legislador ya había aprobado la Ley 25/2007 incorporando gran parte del Reglamento, con lo que había quedado validada la norma objeto del recurso y que esta adquiría rango de ley.

Un voto particular en el referido fallo sostuvo que debía de haberse planteado al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que no hay suficiente rango normativo para regular el derecho fundamental previsto en el artículo 18.3 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. De otra parte el artículo  33 de la reformada Ley General de Telecomunicaciones impone la obligación de facilitar al Agente facultado, con carácter previo a la ejecución de la orden judicial (por tanto con desconocimiento del Juez competente), toda una serie de información que no puede estar incluida en la orden de interceptación, tal como la identificación de la persona, su domicilio, el número del titular del servicio, el número de cuenta asignada por el proveedor de internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc.etc. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que estas informaciones afectan a la intimidad personal y por lo tanto no pueden ser revelados sin autorización judicial.

A mi juicio, este fallo del Tribunal Supremo es muy discutible, ya que cuando se trata de derechos constitucionales, necesariamente se precisa de una Ley Orgánica y no de una ley ordinaria. De hecho, el voto particular de uno de los Magistrados comentado antes, así lo indica. Un sistema informático de esta naturaleza precisa de rigurosos controles judiciales. Se precisaría primero un debate parlamentario y en segundo lugar de un control judicial efectivo que impida la existencia de más datos o informaciones de los que expresamente sean admitidos en un procedimiento.

Por lo que se ha visto hasta ahora, el gran problema que se plantea con la norma que regula SITEL (La Ley 25/2007 de conservación de los datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones), es que los Agentes facultados pueden a acceder a una serie de datos que afectan directamente a la intimidad personal, sin ninguna autorización judicial previa.

Veamos aquí las opiniones de algunos Constitucionalistas en cuanto a las garantías constitucionales:

El Catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Torres Muro, entiende que “esos datos son tan secretos como las mismas conversaciones, de modo que para obtenerlos debiera hacer falta la autorización judicial prevista en el artículo 18.3 de la Constitución”. Este problema, añade, “se ha planteado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en uno de los casos clásicos, Malone v. UK en 1981, condenó al Reino Unido por establecer en sus seguimientos al señor Malone un sistema que informaba automáticamente sobre cuáles eran los números de teléfono a los que llamaba“ .Reafirmo mi temor a la violación de derechos fundamentales de las personas”

Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente del Tribunal Constitucional, se muestra categórico a este respecto: “Me parece preocupante el acceso, sin previa autorización judicial, al tráfico telefónico de una persona, y reafirmo mi temor a la violación de derechos fundamentales y al ataque a la dignidad de las personas”.

Pedro González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Rey Juan Carlos, se muestra contrario a dicho artículo, subrayando que “en un Estado de Derecho los garantes de los derechos fundamentales son los órganos judiciales y, en consecuencia, parece razonable exigir, con carácter general, que los órganos judiciales conozcan con carácter previo la ejecución de la orden de la interceptación”.“Se debe exigir que los jueces conozcan previamente la ejecución de la orden”

Veamos ahora los problemas que plantea SINTEL:

Además de la necesaria autorización judicial nos encontramos con un problema añadido y es que desde que el sistema informático empezó a funcionar en 2004, la gran mayoría de los Jueces lo desconocen, ya que no han recibido ningún tipo de información y menos formación sobre el mismo. Parece lógico pensar que los Jueces deberían de conocer cómo funciona, qué informaciones y datos se recogen, cómo se almacena esta información, cómo se destruye cuando él lo ordene, que tipo de Agentes están facultados para acceder al sistema, quienes son los responsables de los centros de interceptación, etc. . Es obvio que si un Juez no sabe cómo funciona un sistema, difícilmente lo va a poder controlar.

Tenemos que tener en cuenta que en este momento, cuando se facilitan estos datos a un Juez, este debe de validarlos sólo apelando a la buena fe, ya que con la gran cantidad de instrumentos técnicos que permiten su manipulación, no va a saber si lo que recibe es auténtico y además es completo.

Debe de tenerse en cuenta también que no se están utilizando certificaciones digitales que permitan identificar al responsable de la información, que certifiquen que lo que contiene el archivo es auténtico. Tampoco se están utilizando técnicas de encriptación para proteger la información y con ello se está permitiendo que, como ya ha ocurrido, estas informaciones lleguen a terceros (medios de comunicación)

Otro gran problema es que los archivos que almacena SITEL, quedan guardados sine die y no se destruyen con lo que nos encontramos con un serio problema de seguridad ante robos o fugas de información, máxime cuando esta función ha sido adjudicada a una empresa externa. Pese a que pocos meses antes, Gran Bretaña estaba en alerta máxima tras el robo de bases de datos de escuchas telefónicas de la policía por casos de terrorismo y crimen organizado ( Este robo se había producido en la sede de la Empresa informática que tenía adjudicados estos servicios y esto generó una dura polémica acerca de si un Gobierno debía de contratar estos servicios de investigación y custodia de datos, a empresas privadas), el BOE de 25.10.2007 publica la adjudicación del servicio de mantenimiento plurianual del entorno de alta disponibilidad y de la plataforma de almacenamiento, archivo/back up de SITEL, ubicado en el complejo policial de Canillas, a la empresa Fujitsu España Services S.A.

Hemos de añadir igualmente que el artículo 33.9 de la Ley 32/2003 establece que las operadoras deben “tener preparadas una o más interfaces” a través de las cuales se transmitirán las conversaciones interceptadas y los datos asociados. “Las características de estas interfaces y el formato para la transmisión estarán sujetas a las especificaciones técnicas que reglamentariamente establezca el Ministerio de Industria”. Es decir, que Industria debe aprobar un reglamento que regule la interfaz, lo cual requiere un dictamen preceptivo al Consejo de Estado. Hasta ahora, se ha hecho.

Para terminar y como conclusión podemos decir que nadie discute las grandes ventajas de un sistema informático que permite la eficaz persecución de la delincuencia organizada, pero que por el contrario se discuten las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

Guillermo Díaz Bermejo.
Abogado.

 

 

 

España se gasta 450 millones de euros en iluminación pública. El doble que Alemania, que nos dobla en población

 

La universidad Complutense de Madrid, realizó un estudio, recientemente, acerca de la iluminación pública en España. La conclusión es muy llamativa:

 

            -España gasta 450 millones de euros en iluminación pública, el doble que Alemania que casi nos dobla en población

 

            -En España, el consumo es de 116 kw/h/hab, mientras que en Alemania es de 48 kw

 

La principales causas son:

 

            -Cada punto de iluminación  tiene, en España, una excesiva intensidad lumínica

            -El tipo de farola utilizada, normalmente ( 50% de la ocasiones) consumen alrededor del 50% más de lo idóneo

            -Una muy deficiente distribución de los puntos de luz,  aquellos lugares donde su ubicación responde más a criterios de clientelismo político, que a técnicos, en el segmento público, que es el que produce en mayor consumo

 

A esto habría que añadir, la incongruencia en el control del horario de funcionamiento. Es habitual ver operativa la iluminación  en horas en que no es necesaria; por tanto, no debería estarlo de existir un protocolo de control adecuado, que obligue, tanto en el sector público como en el privado

 

Además de contribuir a que los Concellos mal gasten nuestros impuestos, cosa bastante habitual, existen efectos medioambientales directos derivados. Ejemplo:

 

-         Un importante incremento de emisiones de dióxido de carbono ( CO2)

-         Desaparición de algunas especies, como las luciérnagas

-         Incremento de plagas, como la de los mosquitos

-         Producción de vigilia en personas que son muy sensibles a la luminosidad a la hora de dormir

 

Nos llena de curiosidad, que todos estos neo-verdes que pululan por nuestros pueblos, nuestros países, nuestro mundo, no se ocupen de este despilfarro/problema medioambiental. No nos sorprende, en todo caso, porque les creemos simples oportunistas(salvo excepciones) que, han visto en este neo-verdismo, una manera de colarse en la política obviando los canales tradicionales, quizá, porque les resulta mucho más sencillo por darse una mínima competencia.