¿Disponen los ayuntamientos pequeños de recursos para poder tomar algunas de las decisiones que les competen?.

Existen diversas  funciones que debe asumir una corporación municipal, para las cuales  no disponen de conocimientos específicos adecuados. En algunos casos, cuentan con la colaboración de profesionales  que les pueden emitir informes: el secretario, el interventor, el aparejador o el arquitecto. A pesar de ello, observo que se producen carencias en la toma de conocimiento sobre diversas asuntos donde, esas corporaciones ,quieren o tienen que pronunciarse o aprobar asuntos de mucha trascendencia para la Sociedad más próxima, su ámbito municipal, y,  para la general. Lo hacen, a mi entender, en condiciones que no son propicias para que esos pronunciamientos y/o aprobaciones, puedan ser calificadas de rigurosas y ajustadas a criterios de racionalidad.

Es cierto, que la dedicación en este tipo de Ayuntamientos no es exclusiva para la inmensa mayoría de los ediles, y eso, les resta posibilidad de dedicarle el tiempo necesario al análisis y estudio de cada caso. También es cierto que, en determinados casos,  algunos de estos ediles adolecen de la formación básica adecuada para interpretar informes y proyectos. Por todo ello, me planteo la pregunta con la que inicié este artículo. Es verdad que, la mayoría de las funciones ordinarias de la política local son cuestiones basadas en darles una u otra interpretación dependiendo de la óptica política desde la que se afronten. Pero, incluso para esos casos, no debería desecharse un mínimo análisis “neutral”. Se dice que una ideología política, es una manera determinada de dar soluciones a los problémas cotidianos de los ciudadanos. Pero creo que puede haber un consenso mayoritario, en que, en la mayoría de las ocasiones, esa “solución ideologizada” conlleva a soluciones irracionales. Estos últimos años, hemos tenido ocasión de comprobar, empíricamente, esto que acabo de escribir. Hay muchas ¡! muchísimas!! soluciones a los problemas cotidianos, donde la postura ideológica, las convierte en problémas posteriores de mas enjundia que los que se han pretendido solucionar desde la ideología mal interpretada. Cierto es, que el probléma no radica, tanto, en la ideología, como en el uso que se hace de élla a favor de posibilismos personalistas; es decir, a favor de los intereses singulares de una organización política o de una persona de esa propia organización.

Este problema de carencias en las corporaciones municipales, es más grave, porque las estructuras superiores de la Administración: Diputaciones y Autonomías, no reportan la asistencia necesaria y debida a las administraciones locales. No lo hacen, por varias razones, a mi entender:

1ª.- Esos Entes también actúan  preferentemente a favor de sus intereses partidistas. Es la Diputación, como Ente de carácter local provincial, quien debería tener como objetivo fundamental, el proporcionar a las Entidades locales la asistencia técnica complementaria, y, hacerlo desde una posición “neutral” exenta de interés partidista, para que, por un lado, fuera aceptada por todos los ediles de todos lo colores, y por otro, para que esa asistencia fuera lo más eficaz posible, aunque beneficiare a un antagonista político. El rechazo a servicios de la diputación, por parte de los Concellos, en buena medida viene determinado por no cumplir lo que acabamos de exponer, y así, los Concellos del mismo color del gobierno de la Diputación, son los que asumen políticas de servicio de la diputación, que en ocasiones son desastrosas, pero que les benefician políticamente a éllos.

2ª.- La rigurosidad cualitativa de estos Entes superiores, es, frecuentemente muy mejorable, y reportan, con su visto bueno, a las administraciones locales asuntos y proyectos muy deficientes, que una vez aceptados por los Plenos municipales, se convierten en problémas endémicos. Resulta muy alarmante, y decepcionante a la vez, comprobar como esto que reflejo es una cotidiana realidad.

Todo ello, conlleva a que una gran parte del gasto público e incluso inversiones, no reporten a la ciudadanía los beneficios que debería, directamente proporcionales al esfuerzo fiscal que ésta, la ciudadanía, efectúa. Probablemente, esta es una de las causas más fundamentales de la mal llamada desafección de los ciudadanos de a pié con respecto a los políticos, porque, aunque ahora este rechazo, se le está atribuyendo a la corrupción, en Bruxelas ya tenían claro en el año 2000, que el rechazo a los políticos y a la política desarrollada por éllos, se venía incrementando y poniendo en peligro la estabilidad del sistema democrático. Por esa razón, en el 2001, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, elaboraba la REC 19 y la remitía a todos los países miembros, aunque la realidad la disfrazaban de “alejamiento de los ciudadanos de la vida pública” , al fin y al cabo, los políticos de allí, antes fueron los de aquí.